Colombia avanza con Centros de Inteligencia Artificial en Zipaquirá, Usme y Quinchía.

Se construirán 100 centros de IA en colaboración con las alcaldías para impulsar la innovación digital y facilitar la colaboración estratégica en los territorios.

En un esfuerzo por potenciar la innovación tecnológica y cerrar brechas en el campo de la inteligencia artificial (IA), Colombia ha iniciado la construcción de varios Centros de IA a lo largo del país. Estos centros, promovidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), tienen como objetivo no solo desarrollar tecnologías avanzadas, sino también fortalecer la infraestructura digital y educativa en diferentes regiones.

Los Centros de IA en Colombia son entidades especializadas en investigación, desarrollo y aplicación de estas tecnologías, integrando a científicos, ingenieros y expertos para proyectos desde algoritmos innovadores hasta soluciones prácticas. En Colombia, se han anunciado tres centros principales de inteligencia artificial:

• Zipaquirá: Centro pionero con una inversión de 50.000 millones de pesos, diseñado como hub de innovación tecnológica con laboratorios de investigación y equipos informáticos para instituciones educativas locales.

• Usme: En colaboración con el SENA, el MinTIC adquirió 7.908,49m² para establecer un Centro de Inteligencia Artificial, orientado a fortalecer la formación en tecnologías avanzadas y mejorar la conectividad digital regional.

• Quinchía, Risaralda: Parte de una iniciativa nacional de centros de innovación tecnológica, con una inversión esperada de 100.000 millones de pesos, destacándose como un nodo crucial para el desarrollo tecnológico en Colombia.

“A nivel regional, Colombia está progresando rápidamente en comparación con otros países latinoamericanos. Brasil lidera con una estrategia nacional robusta en IA, seguido por Chile y México, cada uno con enfoques específicos en investigación y desarrollo en IA. A nivel global, países como Estados Unidos y China mantienen liderazgo indiscutible en inversión y desarrollo en IA, mientras que la Unión Europea enfoca sus esfuerzos en marcos regulatorios y éticos” afirmó Lorenzo Villegas, Socio de CMS Rodríguez-Azuero.

El MinTIC está trabajando en la creación de más centros de inteligencia artificial en distintas regiones del país como parte del programa Colombia PotencIA Digital. De acuerdo con Mauricio Lizcano, Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, se van a construir 100 centros de IA en conjunto con las alcaldías, que se convertirán en ejes articuladores en los territorios para identificar las potencialidades para la unión entre actores, estrategias y recursos orientados a la innovación pública digital.

“Aunque actualmente no hay regulaciones específicas para los Centros de IA, iniciativas legislativas están en trámite para abordar estos vacíos. La Ley 1838 de 2017, conocida como Ley Naranja, podría proporcionar apoyo para iniciativas de innovación tecnológica, incluyendo proyectos de IA”, recalcó Villegas.

Sin duda, Colombia enfrenta desafíos como la infraestructura tecnológica limitada y la escasez de talento especializado en su camino hacia la excelencia en IA. Sin embargo, los Centros de IA tienen el potencial de impulsar la innovación y mejorar la competitividad nacional en sectores clave como salud, agricultura y gestión ambiental. Con iniciativas ambiciosas y apoyo continuo, Colombia se posiciona como un actor emergente en IA en América Latina, listo para capitalizar las oportunidades de la inteligencia artificial en el siglo XXI.

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La era digital ha abierto una puerta para que los ciberdelincuentes usen la ingeniería social para manipular a las personas y así obtener información o acceso no autorizado a sistemas de información.

En los últimos años, hemos sido testigos de un avance tecnológico sin precedentes que ha transformado la forma en la que las personas viven, trabajan y se relacionan. Desde el surgimiento de la tecnología móvil y el internet hasta la inteligencia artificial y la robótica, estos avances tecnológicos han revolucionado prácticamente todas las áreas de la vida, trayendo consigo innumerables beneficios, pero a su vez riesgos significativos que amenazan la información personal y seguridad de los usuarios.

Con la llegada de la era digital, los criminales han encontrado nuevas formas de explotar las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad, siendo la ingeniería social, una herramienta para realizar actividades delictivas. Esta consiste en manipular a las personas para obtener información confidencial o persuadirlas a realizar acciones que beneficien a los atacantes.

Si bien la ingeniería social en sí no es un delito, puede ser considerada una forma de fraude y engaño. Cuando la manipulación se da en el marco de una actividad de ciberdelincuencia, como el acceso abusivo a un sistema informático o la transferencia no consentida de activos, se vuelve una actividad delictiva que da lugar a la sanción penal, disciplinaria y civil según el uso que se le haya dado a la herramienta.

Un ejemplo que permite comprender la modalidad de operación de esta técnica es mediante el análisis de la diversidad de caminos que existen para tener acceso a una contraseña de un sistema. Según Jacques Simhon, Socio de CMS Rodríguez-Azuero, “el primer camino, es un ataque de fuerza bruta en el que un programa prueba todas las combinaciones posibles hasta que encuentra la correcta; el segundo, tiene que ver con el rastreo de la actividad de una persona, mediante un software malicioso como un keylogger, que registra lo que una persona teclea en su computador, pero la tercera, es convencer a la persona de que ceda la contraseña, y es ahí donde se evidencia el uso de la herramienta de ingeniería social”.

La magnitud de esta técnica de ataque en la actualidad es significativa, pues la ingeniería social combinada con métodos tecnológicos encaminados a defraudar puede dirigirse tanto a los individuos, como a organizaciones enteras. Lo que se traduce en desvirtuar la seguridad digital que tanto trabajo le cuesta implementar a los usuarios sobre sus activos digitales, implicando desde el vaciado de una cuenta bancaria hasta el secuestro de la información de una compañía completa o una entidad estatal, como fue el caso del INVIMA en el 2022.

Dado que hoy en día la huella digital de cualquier persona es enorme, y en muchos casos descontrolada, surge entonces el interrogante ¿cómo protegerse ante la ingeniería social? La manera adecuada es con prevención e higiene informática, controlando el suministro de datos personales en redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y demás plataformas del ecosistema digital, para así disminuir la brecha que un usuario, al suministrar su información confidencial, puede abrir ante el mundo, y a través de la cual un “hacker” puede entrar para perpetuar un ataque.

Si el proceso de ingeniería social ya ha comenzado, lo único que puede hacerse es detectarlo y hacer el control de daños, lo que significa cambiar contraseñas, modificar nombres de usuario, refrescar antivirus y diagnosticar las vulnerabilidades del sistema. En caso de que el daño ya se haya producido, se debe proceder a hacer la denuncia ante la Fiscalía General.

“Aunque la ingeniería social es tan vieja como la informática misma, ahora más que nunca, debido al avance de la tecnología y la gran cantidad de información personal que se comparte en línea, se hace necesario que las personas y las organizaciones sean conscientes de esta amenaza y adopten medidas de seguridad adecuadas para protegerse contra ella” recalcó Simhon.

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Lo que necesita saber para entrar en el mundo de los NFTs.

Durante el 2022 hemos visto el boom de los Non-Fungible Tokens (NFTs), que está teniendo un lugar importante en los medios de comunicación y en diferentes mercados colombianos. Aquí les revelamos algunos puntos claves a tener en cuenta, si quiere entrar al mundo de los Non-Fungible Tokens, como creador o comprador.

El Non-Fungible Token es un activo no tangible soportado en un código de blockchain, es un título de propiedad digital sobre una obra de arte, una pieza de moda, un tweet, o cualquier elemento, que está tildado como único y no intercambiable y, por ende, tiene un solo propietario.

“Aunque las predicciones de que el mercado de estos nuevos activos digitales empezaría a perder importancia se han venido cumpliendo, los Non-Fungible Tokens siguen estando presentes en grandes campañas de publicidad de importantes marcas, siguen siendo parte del mundo de los emprendedores y, por supuesto, siguen llamando la atención de pequeños y grandes artistas.” afirmó María Camila Piedrahita, Asociada Senior de CMS Rodríguez-Azuero.

Es importante entender que cuando se adquiere un Non-Fungible Token se recibe un título o certificado de propiedad sobre el token o el código. En cierta medida, se adquiere una propiedad basada en la confianza entre la palabra de las partes que están transando y la confianza en la tecnología aplicada, como el blockchain.

Cada Non-Fungible Token puede tener condiciones diferentes de negociación, por lo que es clave no solo comprender qué es un Non-Fungible Token y otros conceptos relevantes dentro del mercado, sino también leer y comprender los términos y condiciones de las plataformas en donde se ofrecen.

“Estos textos a veces parecen irrelevantes para los usuarios del mundo digital, pero en realidad son la piedra angular para generar una adquisición de un activo digital de manera informada y sabiendo qué condicionamientos tiene la transacción relacionada con el Non-Fungible Token de interés.” continuó Piedrahita.

En Colombia no existe una normativa aplicable a los Non-Fungible Tokens. Pero se debe tener presente que todos estos movimientos pertenecientes al metaverso y a la creación de una realidad digital paralela se tocan con regulaciones aplicables a la vida offline, como la propiedad intelectual, las regulaciones del comercio electrónico y las tecnologías, la protección de datos personales y el derecho financiero en relación con las monedas digitales.

El verdadero reto es analizar cómo todos estos temas van a entrar a regularse en el contexto del metaverso. Además, es importante estudiar sobre realidad aumentada, economía digital, blockchain y crypto entre otros, para terminar de entender cómo funcionan los Non-Fungible Tokens.

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Si bien son innegables los riesgos que acarrea permitir el uso de criptoactivos en las actividades comerciales, cada día es más evidente la relevancia que están tomando este tipo de activos como medio de pago en los negocios.

Durante los últimos años, la tecnología ha evolucionado al punto de cambiar la forma en la que las personas hacen transacciones día a día. Los criptoactivos han tenido un desarrollo importante al haberse convertido en un mecanismo de pago ampliamente aceptado, a pesar de los retos que este método ha demostrado tener.

Este ha sido un tema discutido por las autoridades del gobierno colombiano, como la Superintendencia Financiera, el Banco de la República, la Superintendencia de Sociedades, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quienes han declarado en numerosas ocasiones que los criptoactivos no son considerados como moneda de dinero en efectivo, ni divisa, por lo tanto, estas instituciones y la ley colombiana los consideran como activos intangibles.

“Teniendo en cuenta que la normatividad societaria en Colombia contempla que los aportes a una sociedad pueden ser de capital, en industria o en especie, resulta relevante preguntarse si es posible aceptar los criptoactivos como aportes a una sociedad y, si esto es así, qué tipo de aportes serían, de acuerdo con la legislación vigente” afirma Juan Camilo Rodríguez, socio director de CMS Rodríguez-Azuero.

Si bien son innegables los riesgos que acarrea permitir el uso de criptoactivos en las actividades comerciales, cada día es más evidente la relevancia que están tomando este tipo de activos como medio de pago en los negocios, por lo que es afortunado que las autoridades de vigilancia y control aborden está discusión y aporten elementos para que su uso se ajuste a la normatividad vigente.

“Si bien ya está autorizado que este tipo de activos se aporten en especie al capital de una sociedad, los retos se centran en la posibilidad de establecer un valor definitivo para un bien con alta volatilidad en su precio, entendiendo que los aportes son un elemento esencial en el proceso de constitución y en el desarrollo de la vida jurídica de una sociedad, este desafío sería asumido por los accionistas al establecer el valor de los bienes que pretendan aportar” continúa Rodríguez.

En todo caso, uno de los principales desafíos con la nueva postura de la Superintendencia de Sociedades será la determinación del valor del aporte por la alta volatilidad que se presenta en el precio de los criptoactivos, ya que por más que los accionistas y los administradores cumplan con todos los deberes de diligencia que impone la Superintendencia de Sociedades, la incertidumbre respecto a la valoración de este tipo de activos puede generar inconvenientes patrimoniales para la sociedad.

“Es por esto que, de la mano con permitir que se aporten criptoactivos al capital social, se deben definir mecanismos de asignación de valor y de registro que mitiguen en alguna medida la variación en el precio y no afecten el desarrollo del objeto social ni la solvencia de las sociedades a las que se le aporten este tipo de activos” afirma Juliana Gómez, asociada de CMS Rodríguez-Azuero.

Así pues, se concluye que los criptoactivos pueden ser susceptibles de ser considerados aportes en especie al capital de una sociedad, dejando la salvedad de que en ningún ámbito los criptoactivos pueden ser entendidos como dinero. Finalmente, establece que se podrán realizar este tipo de aportes en especie siempre y cuando los administradores de la sociedad cumplan un rol de máxima diligencia en conocimiento de los extremos del negocio, ya que no se puede omitir los altos riesgos que implican los criptoactivos por su alta volatilidad e imprevisibilidad, por no hacer parte de un mercado regulado.

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Si bien aún quedan muchos vacíos en el mundo virtual para proteger los derechos de marca, una adecuada descripción de los servicios y productos a identificar son la clave.

El mundo nos ha presentado el ‘Metaverso’ como el futuro de las dinámicas de socialización, no solo de su compañía sino de la humanidad, un concepto que podría resumirse en un mundo de realidad virtual en el cual las personas podrían socializar, jugar y trabajar. Si bien para muchos sigue siendo muy difuso, invita a los titulares de marcas empezar a entender de qué herramientas disponen para proteger sus derechos en este mundo virtual paralelo.

De acuerdo con Lola Kandelaft, experta en propiedad intelectual y Asociada Directora de CMS Rodríguez-Azuero, hay dos preguntas que es necesario responder; la primera tiene que ver con la categoría en la que se debe registrar la marca para que aplique a productos o servicios virtuales ofrecidos en el Metaverso.

“Al momento de solicitar un registro marcario, el solicitante tiene que escoger la o las clases para las cuales requiere protección, y dar un listado detallado de los productos y/o servicios que protegerá la marca. En ese caso, el principio de especialidad establece que el derecho de uso exclusivo se limita a aquellos productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada. Este principio se materializa en la Clasificación Internacional de Niza, que agrupa un numeroso listado de productos y servicios en 45 categorías”, explica la experta.

Ahora, de estas categorías ninguna contempla productos virtuales como los ofrecidos en el Metaverso, y solamente se encuentran algunos servicios virtuales, por ejemplo los de “Celebración de ferias de exposiciones virtuales en línea” o “Servicios de entretenimiento, a saber, ligas de baloncesto virtuales”.

Por otro lado, la segunda pregunta está relacionada con  el territorio en el que debo registrar mi marca para que tenga efectos jurídicos en el Metaverso.

Actualmente, la territorialidad es otro principio desafiado por el mundo virtual, ya que las fronteras físicas no permiten determinar con certeza el alcance del derecho de exclusividad; una situación que para la abogada no es nueva, pero que al respecto, “la jurisprudencia aplicable consiste en determinar el público objetivo de una página web o tienda e-commerce, teniendo en cuenta el idioma y la moneda utilizada, la extensión de dominio o los destinos a los cuales ofrecen envíos”, indica.

Sin embargo, para responder a ambas preguntas, Lola Kandelaft insiste en que hay que esperar al desarrollo jurisprudencial de las cortes, y que las normas de propiedad intelectual se actualicen para adaptarse a esta nueva realidad, una que reta los principios centrales del derecho marcario.

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La situación de devaluación de muchas monedas latinoamericanas respecto del dólar, incentiva a que el turismo extranjero, en especial el proveniente de Estados Unidos y Europa, tenga como destino países latinoamericanos.

Las cifras de turismo y movilización demuestran que el sector hotelero colombiano tiene la capacidad de recuperarse y retomar su posición de motor de crecimiento nacional.

El 2020 ha sido un año de remarcables cambios que han llevado a diferentes sectores económicos del país a modificar sus modelos de negocio para enfrentarse a una de las crisis económicas más fuertes a nivel mundial. El turismo se convirtió, durante gran parte del año, en una actividad prohibida y temida por muchos que hoy está empezando a reactivarse, siendo este el momento en el que esboza lo que será el futuro del sector hotelero, no sólo en lo que resta del año sino en el corto plazo.

No se puede negar que esta industria ha sido golpeada por las cuarentenas y las restricciones de viaje, lo cual ha traído consigo dificultades con el flujo de caja y la destrucción de empleos. Según el informe del Dane, el sector hotelero registró una caída en ingresos del 91.5% y una pérdida del 44% de puestos de trabajo.

Para Jacques Simhon, Socio de CMS Rodríguez-Azuero, “el sector hotelero y el turismo siempre han tenido un peso importante en los PIB’s de las economías latinoamericanas y están las condiciones dadas para que éste tenga una relevancia en la recuperación económica”. Es por esto que, el panorama actual del sector es parcialmente alentador, teniendo en cuenta que las aperturas han permitido la reactivación de la actividad turística en Colombia y Latinoamérica y, aunque cada país tiene diferentes restricciones que se acomodan a sus políticas de manejo de la pandemia, el permitir la movilización de las personas significa un claro avance en la reactivación de la economía del turismo.

Proyecciones del sector para los próximos años

Aunque la industria a nivel global se enfrenta a un momento retador ya que la oferta de servicios ha tenido que replantearse forzando una transformación hacia la digitalización de muchos servicios y experiencias, el sector hotelero y, especialmente el referente a Colombia, empieza a mostrar su capacidad de recuperación. Prueba de esto es que, según Migración Colombia más de 15 mil personas han ingresado al país desde la apertura de los vuelos comerciales internacionales (34% de ellos por turismo) y, según la Aerocivil, durante la pasada semana de receso, se movilizaron 250.000 personas aproximadamente. Esto se traduce en cifras alentadoras para el sector que deja entrever un panorama positivo para lo que resta del año y el corto plazo.

“El trabajo hecho por Colombia en los últimos 20 años en promoción de la inversión en turismo está en riesgo porque, para poder llegar al restablecimiento del sector, es necesario que los activos sobrevivan y se mantengan durante este periodo de crisis” afirma Simhon.

“Ha sido notorio el esfuerzo en brindar facilidades para la declaración pago de obligaciones fiscales sobre la renta y complementarios, IVA y la contribución parafiscal del turismo, pero es más aún alentador las discusiones adelantadas con nota de urgencia en el proyecto de ley que modifica la Ley General del Turismo, en la cual se propone la exclusión del IVA y la exención del cobro de la sobretasa al servicio de energía  hasta el 31 de diciembre del 2021, lo cual ayudaría de forma importante al sector en su reactivación”. Comentó Simhon con relación a los esfuerzos del gobierno en brindar estímulos fiscales al sector.

Destaca que se hace urgente la colocación de créditos en tasas preferenciales que permitan superar la crisis de flujo de caja de los establecimientos A muy corto plazo la reactivación del sector tendrá como fuente el fortalecimiento de los destinos nacionales. La regularización de los viajes internacionales tomará todavía bastante tiempo, pero las necesidades de esparcimiento de la población no dan espera. “Es necesario que el sector financiero facilite este endeudamiento junto con las garantías gubernamentales que puedan ser emitidas. Con un esfuerzo conjunto de los diversos niveles es posible lograr que esta industria sobreviva y sea un motor económico de la recuperación” concluyó Simhon.

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En Colombia el 47% de los hogares del país aún permanecen sin conectividad y en las zonas rurales no alcanza el 10%.

Aunque la pandemia ha propiciado la aceleración de los procesos de telemedicina, aún queda un enorme reto en infraestructura. La población para la que fue creado este servicio no está pudiendo acceder a él.

Si bien el Gobierno Nacional ha realizado enormes esfuerzos durante los últimos meses para permitir a los colombianos trabajar y estudiar desde casa, ofreciendo alivios a las empresas de telecomunicaciones para mejorar el despliegue de nueva infraestructura, eliminar el IVA en el servicio de internet y subsidiar un buen porcentaje de conectividad para estratos 1, 2 y 3, aún hay grandes rezagos en la materia.

De acuerdo con la ministra de las TIC Karen Abudinen, a junio de este año, el país contaba con un 53% de conectividad, un grave problema para la telemedicina, también llamada Telesalud, que fue pensada inicialmente para impactar las regiones.

“En su momento, en un país como Colombia, el fundamento principal para establecer un sistema de telesalud fue garantizar la atención a larga distancia (por video o imágenes) para asegurar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna a la población que, por razones geográficas o económicas, no pueden acceder fácilmente a un centro de salud, sobre todo en medio de la pandemia; pero, si no existe conectividad, su incidencia en el fin principal va a ser casi nulo”, explicó Karl Mutter, socio de CMS Rodríguez-Azuero.

De esta manera, para que la telemedicina se posicione como la primera opción en salud y proteja a los pacientes que no tienen necesidad de ir a un centro médico, el principal reto es la infraestructura. “Todos los involucrados con esta herramienta necesitan en uno u otro nivel, por lo menos, un celular inteligente con acceso a Internet (esto para los pacientes). Pero, para los profesionales de la salud y las instituciones médicas, se requiere la capacitación y creación de programas especiales con acceso seguro a historias clínicas y alta capacidad de procesamiento de datos para manejar documentos muy pesados como, por ejemplo, imágenes radiológicas en alta resolución”, comenta Mutter.

Hasta hace poco, la telemedicina estaba enfocada en otro tipo de contextos y pacientes. Ahora, una persona en una ciudad principal, con acceso directo a médicos y especialistas que nunca hubiera necesitado de servicios de telemedicina, es un usuario potencial. El gran desafío es que, en el contexto actual, para ciertas consultas la telemedicina es la única opción.

Adicionalmente, se requieren esfuerzos en educación y concientización para todos, pues en un tema tan sensible como la salud, la gente aun prefiere y confía en la consulta presencial.

Sin embargo, no todo es negativo: según explica el experto, para las regiones más alejadas, la necesidad de la telemedicina no cambia con la pandemia, pero si la vuelve a hacer visible. “Es una buena oportunidad, entonces, para retomar y acelerar estos esfuerzos que lo que hacen es reforzar los servicios de salud en zonas apartadas y en zonas urbanas liberar ciertos recursos del sistema de salud”.

Ya existen algunos avances, como la flexibilización para actividades de Telesalud, temas de protección de datos personales -Ley 1581 de 2012- , temas de reglamentación de acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales; así como la implementación de plataformas digitales accesibles con estándares básicos de audio y video que permiten el diagnóstico y seguimiento del paciente, sin que sea necesario cumplir los estándares técnicos exigidos normalmente en el sistema, “que son necesarios, importantes, dan muestras de un buen futuro, pero no solucionan el problema de fondo”, advierte Mutter.

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Los problemas relacionados con trámites ambientales y de consulta previa continúan siendo son los obstáculos principales para el desarrollo de los proyectos de infraestructura.

Las soluciones convenidas entre el Gobierno Nacional y los concesionarios actuales en relación con los efectos de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia deben permitir que los proyectos del Programa 5G sean atractivos para los inversionistas.

De acuerdo con las lecciones aprendidas del Programa 4G sería recomendable no sacar al mercado simultáneamente todos los proyectos de la primera ola del Programa 5G para evitar demoras en los procesos de selección y financiación de los proyectos.

En medio de la crisis por coronavirus el Programa 5G de la ANI ha surgido como una apuesta del Gobierno Nacional para generar crecimiento económico del país, pues juega un papel fundamental en lo relacionado con el abastecimiento, el movimiento a las cadenas de producción y la reactivación de otros sectores como los proveedores de servicios, así como de las materias primas necesarias para llevar a cabo las obras.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en el último trimestre del 2019, este sector impactó positivamente el PIB del país en un 10,7%, lo que permitió a la economía crecer del 2,3% al 3,3% y generar en programas como el 4G, aproximadamente 76.000 empleos.

La primera ola del Programa 5G está compuesta por 12 proyectos de infraestructura con una inversión estimada de aproximadamente COP$18 billones. La novedad que introduce esta fase respecto de su antecesor, el Programa 4G, es que no solo incluye proyectos viales, sino también fluviales, aeroportuarios y ferroviarios, lo que la hace aún más ambiciosa en términos económicos y técnicos.

Sin embargo, lograr dicho objetivo dependerá principalmente “del plan de acción del Gobierno para enfrentar los efectos de la pandemia del Covid-19 en las concesiones vigentes y de que la aplicación de las medidas legales/contractuales permitan que haya confianza en los inversionistas privados interesados en los proyectos del Programa 5G, incluso en medio de la pandemia”, según explicó Daniel Rodríguez, socio de CMS Rodríguez – Azuero, quien tras liderar desde la firma una consultoría para el DNP, identificó que los problemas relacionados con trámites ambientales y de consulta previa, junto con los trámites de adquisición predial y gestión de redes, son las principales causas de los retrasos de los proyectos de 4G.

También destacó los esfuerzos del Gobierno y de la ANI en sacar adelante el ambicioso Programa 4G, cuyos proyectos tienen un promedio de avance del 42%, y en fortalecer y aprovechar las ventajas del mecanismo de APP para el desarrollo de carreteros para ser replicados en el programa que viene.

 “Entonces, será crucial que este nuevo programa centre sus principales cambios en plantear soluciones para superar estos obstáculos, sobretodo, en el enfoque ambiental y social que ha mencionado la ANI, y que desde la etapa de estructuración se busque un mayor acercamiento con las comunidades y más profundidad en los estudios técnicos. Así mismo, será necesario buscar fuentes alternativas de financiación, en vista de que los recursos del Presupuesto General de la Nación están siendo usados en su mayoría para la superación de la crisis económica”, señala.

Actualmente se encuentran en proceso de selección los proyectos de la Malla Vial del Valle del Cauca, cuya fecha de apertura de licitación pública fue el 4 de septiembre de 2020 con un plazo de cierre programado para el 29 de enero de 2021; y el Canal del Dique previsto para el 16 de diciembre de 2020. Se espera que este año, o a comienzos de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura dé apertura a la licitación de los demás proyectos previstos para la primera etapa, los cuales llevan distintos avances en estructuración.

Por lo que recomienda finalmente, “no sacar al mercado simultáneamente todos estos proyectos para evitar problemas futuros en los procesos de selección, financiación y el embotellamiento de trámites administrativos en materia de gestión ambiental, predial y social, como ha ocurrido en el pasado”.

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